Sir[a] y GAC lanzan la campaña “Sigamos en pie” para continuar garantizando la atención integral de víctimas de malos tratos y tortura

• A través de la plataforma Goteo, el Centro Sir[a] y el Grupo de Acción Comunitaria buscan apoyo financiero para sostener su trabajo en una nueva etapa

• Ambas organizaciones quieren además alertar y señalar que la tortura es una práctica todavía vigente, en contra del imaginario común

El Centro de Atención Sir[a] y el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) llevan más de 20 años trabajando por denunciar los casos de malos tratos y tortura que se dan tanto dentro, como fuera del Estado. A través del apoyo terapéutico, forense, jurídico y psicosocial, ambas organizaciones están dedicadas al acompañamiento y respaldo de los procesos de justicia y reparación de las personas afectadas por la violencia. Ahora, con el objetivo de continuar con su labor y afrontar nuevos retos, han iniciado una campaña de micromecenazgo bajo el lema “Contra la tortura, sigamos en pie”, con la que buscan recaudar hasta 30.000 euros. Con ello, esperan contribuir a hacer del Centro Sir[a] un recurso sostenible e independiente, al tiempo de concienciar a la sociedad civil acerca de la urgencia de atajar y denunciar los casos de tortura. 

En 2011, Sir[a] comenzó su andadura como la rama clínica del GAC, una organización dedicada a la promoción de la Salud Mental y la defensa de los Derechos Humanos. Desde entonces, y tras haberse constituido como organización independiente en mayo de 2016, la entidad ha acompañado a más de 750 personas en diferentes contextos. En un gran porcentaje, personas que han sufrido abusos durante la expresión de movimientos sociales y manifestaciones; personas en movimiento que han sufrido episodios de tortura durante su viaje migratorio; o bien, casos relacionados con abuso policial en el interior de las cárceles del Estado. En todos estos escenarios, la organización ha trabajado tanto en la documentación y realización de pruebas forenses con las que apoyar las denuncias de las víctimas, como en brindar la atención clínica necesaria para su rehabilitación psicológica y psiquiátrica.

Para esta fase entrante, Sir[a] se ha instalado en un nuevo espacio en el barrio de Valdeacederas, al noroeste de Madrid, y ha ampliado su equipo con la vista puesta en poder atender mejor y a un mayor número de personas. Tras esta apuesta, y con el objetivo de seguir garantizando un recurso para las víctimas de malos tratos y tortura, Sir[a] y GAC recurren al apoyo colectivo para financiar su labor y su trabajo. 

Los casos de tortura siguen

En contra del imaginario común, la tortura no es una práctica anacrónica ni exclusivamente física ni tampoco reservada a la ficción televisiva. Lejos de esto, desde un punto de vista médico – psicológico, la tortura se entiende como la acción de ingflingir un sufirmiendo físico o psicológico grave sobre una persona, con una determinada intencionalidad política, ya sea a través de la discriminación, del castigo o de la humillación, entre muchos otros. De este modo, así como se presupone que la tortura puede llegar a ser un método recurrente en escenarios de guerra, es difícil imaginar que la tortura también se manifiesta de formas mucho más sutiles y en espacios más comunes y cercanos. Tales como centros de detención, cárceles u otros espacios institucionales, y más recientemente, fronteras. 

Durante los últimos años, diversos organismos internacionales han alertado acerca del sinnúmero de casos de tortura inflinjidos entre las personas migrantes y refugiadas. A pesar de que no se cuenta con cifras consolidadas sobre la incidencia de la tortura en el mundo, ACNUR estima que la han sufrido entre un 5 y un 35% de las personas refugiadas. Por su parte, el Fondo Voluntario de Naciones Unidas para Víctimas de Tortura (UNVFVT), en 2017, ya advertía de que dos tercios de los pacientes atendidos por la entidad eran personas migrantes.

A propósito de esto, Sir[a] ha documentado signos de trato degradante y tortura en diferentes espacios de retención migratoria, tales como el campo de personas refugiadas de Moria, en la isla griega de Lesbos, las estaciones migratorias de México, y más recientemente en la Frontera Sur española. Todos, espacios que provocan un quiebre físico y psíquico en las personas, pues atacan su seguridad, sus necesidades básicas, su dignidad e incluso su capacidad para dirigir su propia vida, pues a la hora de enfrentar su proceso de regularización o solicitud de Protección Internacional, se enfrentan a la ausencia de información y, en muchos casos, a la arbitrariedad. En suma, elementos que si se combinan, encajan perfectamente con la definición de tortura. 

En lo que se refiere a España, cabe destacar que tanto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como el Comité contra la Tortura, han señalado las dificultades para judicializar e investigar las denuncias por torturas en el país. Asimismo, han recomendado acciones tales como la exigencia de diligencias investigadoras en los procedimientos, la realización de pruebas forenses basadas en Protocolo de Estambul (IP), así como la aplicación de medidas de reparación médicas y psicológicas para las víctimas. Sin embargo, España está lejos de cumplir con las recomendaciones. De hecho, el Estado español ha sido condenado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de tortura dentro del territorio.