La creciente desigualdad global ha acentuado la violencia estructural en el mundo e intensificado los conflictos sociales que afectan principalmente y de manera desequilibrada a las poblaciones del Sur global, dando como resultado la existencia de casi 80 millones de personas desplazadas forzadas a nivel mundial. En respuesta a esta situación, pareciera que los gobiernos de los diferentes países receptores de migrantes y personas con necesidades de protección internacional han priorizado establecer políticas migratorias punitivas que priorizan la securitización y las criminalización de las personas migrantes, para justificar la puesta en marcha de un aparato de persecución y represión centrado en la detención y la deportación..
A pesar de los diferentes estándares internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas a los que muchos países del mundo se han adherido, así como de las constantes demandas por parte de los órganos de los sistemas internacionales de Derechos Humanos para poner fin a la práctica de la detención migratoria y a todo tipo de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las poblaciones en contexto de movilidad humana, lo cierto es que el incremento de los centros de detención de migrantes o centros de internamiento de extranjeros, junto con el reforzamiento y militarización de las fronteras a nivel global, se ha acentuado a medida que se intensifica la crisis humanitaria que viven millones de personas refugiadas a nivel internacional.
Esta constante se observa en diversas latitudes del mundo y en una diversidad de contextos, desde donde se justifica la privación de la libertad por motivos migratorios a través de los marcos normativos nacionales, la política pública de cada Estado en materia migratoria y/o de seguridad nacional, acuerdos bilaterales, e inclusive, a través de la cooperación internacional y del presupuesto público destinado a fortalecer y sostener este tipo de mecanismos de represión contra migrantes y personas refugiadas. Ejemplo de esto son las más de 60 Estaciones Migratorias ubicadas a lo largo de México en las cuales se priva de la libertad a 150,000 personas extranjeras como promedio anual; la criminalización y la detención arbitraria de casi 70 mil niños, niñas y adolescentes migrantes en cárceles de Estados Unidos; el amplio sistema de Centros de Internamiento de Extranjeros en España y en el conjunto de la Unión Europea a expensas de una de las mayores crisis humanitarias a nivel global de personas refugiadas; o los sistemas de privación de libertad de migrantes en lugares de tránsito en países de África y Medio Oriente como estrategia de externalización de las fronteras europeas.
Frente a esto, y a la deshumanización paulatina implícita en la detención migratoria y las crecientes respuestas xenófobas, racistas y anti-migrantes, que este tipo de sistemas genera a nivel global, es que la organización social y colectiva por los derechos de las personas en contexto de movilidad humana toma mucha mayor relevancia. El monitoreo de centros de detención y la documentación de violaciones a derechos humanos que viven las personas migrantes y refugiadas se han convertido en herramientas indispensables para abogar por el fin de la detención migratoria en el mundo.