El pasado jueves 6 de octubre, el Grupo de Acción Comunitaria (GAC) y el Centro Sir[a] presentaron algunas de las conclusiones de su nuevo informe “Laberintos de Tortura: Violencias e impactos en el tránsito migratorio desde África a España”, en donde recogen las diferentes violaciones de Derechos Humanos que sufren las personas en movimiento a lo largo de su trayecto
Acompañadas por Isidore Collins, asesor de DDHH de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) para África, las entidades insistieron en la necesidad de no sólo visibilizar y denunciar estas violencias, sino también en señalar la responsabilidad de los Estados que las perpetuan
La jornada “De África hasta Europa: un mapa de las violencia e impactos del tránsito migratorio”, organizada por el GAC y el Centro de Atención a Víctimas de Tortura y Malos Tratos, Sir[a], y en la que también participó la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), sirvió para señalar la necesidad urgente de modificar las políticas migratorias europeas. Siguiendo a las entidades, Europa y los Estados africanos, a través de medidas de criminalización de la migración, y del blindaje y externalización de las fronteras en particular, están exponiendo a las personas que buscan llegar hasta Europa o hacia otros países del continente, a condiciones extremas y violaciones de Derechos Humanos, con el propósito no sólo de amedrentarles, sino también de impedir su trayecto.
Isidore Collins Ngueuleu, asesor sénior de DDHH para África de la OMCT, insistió en la necesidad de tener en cuenta que algunas de las rutas migratorias más mortíferas del mundo se encuentran en África. Basándose en los datos extraídos del informe de la OMCT “The Torture Roads, The Cycle of Abuse against People on the Move in Africa”, Isidore apuntó a cómo el endurecimiento de las fronteras fuerza a las personas en movimiento a realizar su viaje a través de vías clandestinas, cada vez más peligrosas, arriesgandose a sufrir extorsión, discriminación, secuestros, torturas o violencia sexual y de género. Todas, violaciones que no sólo cometen los grupos criminales, sino que muchas veces son perpetradas por agentes estatales, o bajo el beneplácito de los mismos.
Isidore también señaló que uno de los puntos más peligrosos y con mayor riesgo de tortura son los puestos fronterizos y de control de la migración, tales como los situados entre Libia y Argelia; Chad y Níger; Sudan y el Chad; Sudan y Egipto; o Níger y Argelia. Según su relato, las personas son detenidas en estos lugares por falta de documentación – incluso entre fronteras en las que no necesitarían legalmente permiso de viaje – y muchas veces son sometidas a tortura y malos tratos por parte de agentes estatales. “Sin papeles estás expuesta a toda forma de maltrato”, apunta. En este sentido, para el asesor de la OMCT existe una política voluntaria de castigo por parte de los Estados Africanos hacia las personas en movimiento, en tanto que son perpetradas por agentes que dependen directamente de su gestión y que actúan bajo sus órdenes.
Impactos y huellas de la violencia en tránsito
En una segunda etapa, Andrea Galán Santamarina, psicóloga y responsable del área de investigación del Grupo de Acción Comunitaria, expuso los resultados del estudio “Laberintos de Tortura”, en donde se analizan las violencias y vulneraciones que sufren quienes realizan su viaje entre África y España, a partir de los testimonios de más de 40 personas. En el informe se detallan las violencias sufridas por parte de las personas entrevistadas y destaca el hecho de que prácticamente la totalidad de las personas evaluadas fue sometida a lo largo de su trayecto migratorio a algún tipo de violencia extrema. En este sentido, un 67,4% fue víctima de tortura y malos tratos; un 86% se vio obligado a vivir situaciones de pobreza extrema; un 74,4% fue testigo de la muerte de otra persona; y un 93% percibió en algún momento el riesgo de muerte inminente.
En el informe destaca sobre todo el impacto en la salud mental que tuvo el tránsito migratorio para el total de las entrevistadas. En más de la mitad de los casos, el tránsito generó unos impactos específicos que no existían antes del viaje, mientras que en el resto de los casos, el camino les significó un empeoramiento de sus impactos previos. El estudio señala que un 81% tiene una percepción del mundo como un entorno hostil y peligroso, a raíz de su experiencia traumática; un 86% tiene ahora dificultades para confiar en otras personas o establecer relaciones; un 93% siente sentimientos de humillación e indignidad; y casi un 84% presenta estrés postraumático: pesadillas, sensación constante de alerta, o pensamientos intrusivos relacionados con las violencias extremas que han vivido, entre otros.
Según subraya Andrea, existe entre las personas peritadas una sensación de mucho enfado, desesperanza, injusticia e incluso culpa por haber emprendido el viaje, o por no haber podido ayudar a sobrevivir algún compañero en algún momento del trayecto. Para la psicóloga, es imprescindible tener en cuenta todas estas violencias y experiencias concretas a la hora de atender y acompañar correctamente a las personas que llegan a España: “Si no generamos un apoyo específico a todas estas necesidades que traen las personas, va a ser imposible que estos impactos se recuperen. Y no solo eso, en muchos casos se van a agravar o se van a cronificar”, señala.
Andrea subraya que las personas que han padecido violencia en el tránsito han sufrido vulneraciones de todo tipo y en toda clase de contextos. Es decir, que no solo han sufrido violencia durante el trayecto, sino también antes de iniciarlo; y que no solo han sido abusados por parte de grupos particulares – como redes de tráfico – sino que también han sufrido vulneraciones por parte de agentes estatales. Todas, violencias que empujan a las personas a perder la confianza en cualquier ser humano, o a verse incapaces de cumplir con cualquier proyecto vital. En este sentido, la psicóloga insiste en la necesidad irrenunciable de que las personas puedan encontrar en el país que les acoge una sensación de seguridad, estabilidad, dignidad y control de su vida, y subraya que España, como firmante la Convencion contra la tortura y otras penas crueles inhumanas o degradantes, tiene la obligación de garatizar este acompañamiento.
En línea con lo expuesto por Isidore, el informe del GAC sostiene que los Estados africanos y la Unión Europea son responsables de la violencia que sufren las personas en movimiento. Así, si bien esta se ejerce con el propósito de impedir y amedrentar a quienes viajan, lo único que se consigue es exponer a las personas a brutales vulneraciones de Derechos Humanos.
