Encubriendo la Tortura en México

Diciembre, 2020

Encubriendo la Tortura en México

Complicidad de los forenses de la Procuraduría General de la República. Análisis de 54 casos

Romper el ciclo de impunidad de la tortura depende de una investigación y documentación eficaces. Las evaluaciones médicas y psicológicas cuidadosas pueden proporcionar pruebas forenses poderosas para corroborar las denuncias de tortura y malos tratos. El objetivo de estas evaluaciones es que médicas, médicos, psicólogas y psicólogos bien capacitados e independientes realicen entrevistas y exámenes exhaustivos, documenten todos los signos y secuelas de los abusos físicos y psicológicos y presenten una declaración jurada médico-legal que documente sus conclusiones. Estas declaraciones juradas, a su vez, deberían servir como prueba clave para enjuiciar a los autores de la tortura, ayudar a las víctimas a obtener reparación en los tribunales civiles y aportar pruebas para poner fin al uso de la tortura.

En los últimos veinte años se han registrado muchos éxitos en el uso efectivo del Protocolo de Estambul como parte de los esfuerzos para eliminar el uso de la tortura. Se ha utilizado para capacitar a profesionales de la salud, abogados, jueces y activistas de derechos humanos en la investigación y documentación jurídica y clínica eficaces de la tortura y otras formas de malos tratos.

Pero en algunos casos, como escriben los autores, “lejos de ser herramientas para el acceso a la justicia, se han convertido en una herramienta para ocultar casos de maltrato o tortura”. Y México ha proporcionado un estudio de caso país desgarrador desde principios del decenio de 2000 en las múltiples formas en que los profesionales forenses empleados por la PGR, ahora FGR, han incumplido grotescamente las normas de practica leal en sus declaraciones juradas respecto de las personas que afirman haber sufrido torturas cuando estaban bajo custodia de funcionarios del Gobierno.

A través de su meticuloso análisis, los autores no sólo demuestran cómo un enorme porcentaje de víctimas de tortura y malos tratos en los casos que examinaron no tuvo acceso a un dictamen adecuado. Los autores consideran con razón que los expertos son responsables de los dictámenes que redactaron, firmaron y juraron, y piden que se les impongan sanciones.

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